Durante los meses cercanos al periodo electoral se repitió en innumerables ocasiones que esta será la legislatura de la vivienda. La campaña electoral giró en torno a las promesas de construcción de vivienda, la situación de los jóvenes que no se pueden emancipar llenaron portadas y encabezaron telediarios, y se volvió a escuchar sobre los desahucios. Pero en este tiempo todo sigue igual.
Un año después de las elecciones las promesas de viviendas asequibles continúan pero ningún programa se ha llevado a cabo. En la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha dos programas: el Plan Vive (que en Alcorcón cuenta con viviendas más caras que en el mercado libre) y el de Mi Primera Vivienda, que ayuda a la hipoteca. Aunque lo cierto es que este último devuelve el dinero a los jóvenes que antes han tenido que entregar, por lo que sigue sin eliminar la barrera de entrada a la compra de una vivienda.
Todo ello ha hecho que la situación del mercado inmobiliario siga igual. Que sean muchos los jóvenes que siguen sin poder emanciparse y otras tantas familias las que estén al borde del desahucio. Y en Leganés la situación escala a pasos agigantados.
Un problema de todos
Hace unas semanas, la visita de Isabel Díaz Ayuso a Leganés fue la excusa, la situación de la familia de Danitza, estafada y desahuciada del barrio de Zarzaquemada, el detonante, para llevar este tema a oídos del concejal. Después de días en un albergue, pidieron que el concejal de Servicios Sociales, Jesús Rodríguez (PP) les diera alguna solución: «La familia tiene que ser responsable de las decisiones que tome, ellos son los que tienen que ver el tema de trabajo, el apoyo familiar…», aseguraba a Leganés Activo, aún sabiendo que la familia no tiene lazos en España.
La respuesta, poniendo la pelota en el tejado única y exclusivamente de la familia, indignaba a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). «No señor, es un problema de la comunidad, del municipio, de ustedes que gestionan el dinero público», recalcan, señalando que se trata de un problema estructural que no solo afecta a una familia en la ciudad así como que la función de Servicios Sociales es ayudar a los vecinos en situaciones vulnerables.
Y es que, la clave es simple, el propio Rodríguez aseguraba que, aunque la concejalía ponía «todos sus recursos» a su alcance, no podría ponerle un techo, ni siquiera provisional. «Nosotros no tenemos competencias en materia de vivienda», aseguraba. Pero no es del todo cierto. El Ayuntamiento de Leganés tiene una empresa pública, EMSULE, con la que poder realizar promociones sociales, para gente en riesgo, algo que no se ha hecho.
La reiterada falta de vivienda
El edil, aprovechaba la protesta a las puertas del acto del PP de Madrid para hablar directamente con la familia, así como lo hacía el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP) momentos antes. En este encuentro, Rodríguez ha reiterado que Servicios Sociales pone en manos de la familia «todos los recursos disponibles» pero entre ellos no ha viviendas: «Hay una lista de espera en la Comunidad de Madrid y en EMSULE que hay que respetar».
Cabe destacar que, al menos en Leganés, todos los solicitantes tienen el mismo peso. Es decir, una familia con menores a cargo en situación de calle, como es este caso, tiene la misma prioridad para encontrar vivienda en EMSULE, que un joven con ingresos que busca su primera vivienda para emanciparse. Y es que esto es vivienda pública pero no vivienda social.
En las viviendas sociales, prevalece la situación que vive la familia: integrantes de la familia, ingresos, personas a cargo y pertenencia a un colectivo vulnerable, entre otras cosas. Por ello son gestionadas por Servicios Sociales, concejalía que puede solicitar la documentación necesaria para acreditar la situación social de cada solicitante. Por otro lado, el precio de acceso es negociado con cada núcleo familiar en función de sus ingresos reales y, una vez otorgada, se lleva un seguimiento de la evolución de la familia, para retirarle la vivienda en el momento que su condición mejore. Si estos requisitos no se cumplen será vivienda pública, pero no social. Y en Leganés, ni siquiera las construidas por EMSULE lo cumplen, por lo que no hay vivienda social.
Jóvenes sin poder emanciparse
La vivienda pública y social, explican desde la PAH, tiene como objetivo llegar a esos sectores que por su vulnerabilidad o precariedad, no tienen otra manera de acceder a la vivienda. Esto, no solo afecta a los desahuciados por impagos, también a los jóvenes. «Hay muy pocos nidos vacíos en Leganés ya que tenemos a nuestros hijos conviviendo con nosotros. Y lo más grave: por la inoperancia de este gobierno local, será por muchos años», aseguran.
Y es que, aunque los precios de la vivienda no hacen más que subir en Leganés, los sueldos se han quedado lejos. Según el INE, los ingresos medios de la familia en Leganés no llega a los 2.000 €, pero el 31% de los trabajadores no llega a ser mileurista. Estos últimos no pueden acceder a un piso de 700 € de alquiler o a ahorrar más de 30.000 € para una entrada.
La gestión de las viviendas sociales ya construidas
Aunque la demanda de estas viviendas ha subido en los últimos años, la oferta no ha crecido. La construcción de vivienda pública y social en esta etapa de la democracia ha sido mínima. «En estos momentos estamos sufriendo un retroceso y falta de derechos en el tema de la vivienda como hace tiempo no ocurría. No se invierte. Y en pueblos como en Leganés no hay un parque público de vivienda ni forma parte del calendario. Es más, cuando hay un problema de vivienda se les invita a irse fuera de la Comunidad de Madrid».
Por ello, desde la PAH hacen hincapié en la necesidad de aumentar los recursos, no solo construyendo, sino gestionando mejor los existentes: «Les exigimos que pidan un informe de cuántas viviendas vacías hay y a la SAREB y al IVIMA de cuántas viviendas podemos disponer en Leganés«.
Cabe recordar que SAREB ha firmado acuerdos con otros municipios para ceder viviendas en régimen de alquiler social para las situación extremas, como el caso de Danitza. Sin embargo, el Ayuntamiento de Leganés no ha firmado con ellos. «No nos han llamado para interesarse», aseguran fuentes de la SAREB.
«Viviremos situaciones dramáticas»
La PAH surgió alrededor de 2008 con la burbuja inmobiliaria. El número de desahucios ante la gran crisis económica que echó a la calle a millones de personas en España se disparó. Tras años de lucha se consiguió estipular la dación en pago para que los desahuciados no se quedaran, además, con la deuda. Y décadas después de aquello, continúan con la lucha para evitar un desastre de las mismas características.
Mientras tanto, la PAH, conscientes de la situación existen, advierten: «Si no entendemos que vamos a un desastre impresionante con este tema, si no intentamos buscarle soluciones ampliando ese parque de viviendas públicas, viviremos situaciones dramáticas en muy poco tiempo».
