El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las limitaciones y ubicaciones donde se podían instalar las gasolineras. La ordenanza fue aprobada no sin polémica gracias a los votos de PP y PSOE en la pasada legislatura. De esta forma, fue llevada a los tribunales por ULEG al considerar que limitaba la libre competencia.
El TSJM ha anulado la esencia de la ordenanza de gasolineras de Leganés. Es decir, la parte que establecía las ubicaciones y las limitaciones para instalar estaciones de servicio de combustible, tumbando la esencia del acuerdo entre PP y PSOE que permitió sacar una polémica normativa en los estertores de la pasada legislatura (2015). «El tribunal considera que se extralimita, regula más de lo que le corresponde a una ordenanza«, explica Carlos Delgado (ULEG).
En este sentido, las designaciones de ubicación de este tipo de instalaciones, señala el portavoz del grupo de la oposición, le corresponden al Plan General de Ordenación Urbana o al Plan Director. Estos, sin embargo, requieren mayorías más complejas para ser aprobados, mientras que las ordenanzas pueden salir adelante con una mayoría simple.
Desde ULEG se recuerda que «la Justicia ya ha declarado ilegal los presupuestos del PP de 2014 (que sobreviven por el cambalache entre el PP y el PSOE), los directores nombrados por el PP en 2014 (también amparado este ilegal método por el PSOE), la rescisión unilateral del contrato de mantenimiento de vía pública (lo que nos ha costado cerca de dos millones de euros en indemnizaciones), la persecución a funcionarios (casi otro millón), además de perder 5 millones del PRISMA, 7 millones por el caso Portfolio…». Situaciones que califican de «golfería y chapuza«.
La declaración de ilegalidad de la ordenanza haría, debería provocar la revocación de la misma. Al igual que de los presupuestos, los cuales se mantienen «ya que de eliminarlos deberíamos retrotraernos a los de 2012, con una liquidación mucho menor«, en palabras de Pedro Atienza, concejal de Hacienda.
