Leganés invierte 6 millones de euros en ayuda a domicilio a personas mayores

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AROA DÍAZ / La Concejalía de Asuntos Sociales ha anunciado la inversión de 6 millones de euros en los próximos cuatro años en un programa de ayuda a domicilio a personas mayores. El servicio se caracteriza por la atención personal a cada solicitante en la realización de actividades cotidianas.


En respuesta al aumento de solicitudes de personal de ayuda a domicilio, el Ayuntamiento de Leganés ha aumentado la inversión en este servicio que pretende asegurar la calidad de vida y evitar el aislamiento de los más mayores. Con ello, la concejalía pretende «facilitar los instrumentos necesarios para asegurar la permanencia del mayor en el hogar el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones, porque es lo que solicitan y lo que desean«.

Para ello, la Concejalía de Asuntos Sociales invertirá en el periodo 2014/2019 seis millones de euros con los que garantizar la prestación del servicio de ayuda a domicilio especializada a personas mayores. Este servicio, que cuenta con un programa de atención individual en función de las necesidades de cada persona, contempla atención personal en la realización de actividades cotidianas como higiene personal, movilidad dentro del hogar, ayuda en la toma de medicamentos y compañía para evitar situaciones de soledad y aislamiento.

Nuestro principal objetivo es que el servicio de ayuda a domicilio ayude en el propio hogar a las personas que lo necesitan, para que puedan seguir viviendo en su entorno con autonomía”, Ángel Juárez, concejal de Asuntos Sociales.

UPyD solicita la comparecencia de Jesús Gómez por supuestos pagos a Libertad Digital

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AROA DÍAZ / Ante las informaciones publicadas por El Confidencial sobre una supuesta compra de publicidad oficial en Libertad Digital -medio dirigido por Federico Jiménez Losantos y del que es accionista-, la formación magenta ha pedido la comparacencia del alcalde ante el Pleno para rendir cuentas.

El pasado martes, El Confidencial publicó una factura correspondiente al pago, por parte del Consistorio, de 1.185€ en concepto de «publicidad y marketing» realizado en octubre de 2012. Una cantidad que, posteriormente, revertiría en el propio alcalde al formar parte del accionariado del medio.

Pese a que el acto en sí no es ningún ilícito, en política las formas importan y mucho”, asegura Enrique Díaz Casado, el coordinador de Unión Progreso y Democracia, quien, además, recuerda que Jesús Gómez obvió su participación en el medio en el momento de la lectura de su declaración de bienes en el Pleno el pasado mayo de 2012.

Por ello, Casado asegura que es necesaria la comparecencia de Gómez en el Pleno donde informe a los ciudadanos de una «versión, esperemos definitiva, de su declaración de bienes«. De esta forma, la agrupación asegura que «el dinero público debe salir de ese círculo vicioso que es el capitalismo de amiguetes que tanto practica el Partido Popular en la Comunidad de Madrid«.

La Cámara de Cuentas aprecia irregularidades en licitaciones de aparcamientos en Leganés

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AROA DÍAZ / En su último informe, la Cámara de Cuentas denuncia que el Partido Socialista podría haber incurrido en fraccionamiento de contrato al conceder servicios, de forma reiterada, a Roble Park, mediante un concurso negociado sin publicidad. En el documento se señala que las cuatro empresas invitadas al concurso pertenecían al mismo administrador, en este caso, Joaquín Castillo, imputado en el caso ‘Aparcamientos’ de Getafe.


La Cámara de Cuentas ha detectado también otras irregularidades como reconocimientos extrajudiciales de derechos injustificados; irregularidades en los Balances de Situación que no representan la realidad de las deudas pendientes o falta de motivación y justificación de concurrencia en algunos convenios firmados por el Ayuntamiento y algunas entidades.

Estas irregularidades se podrían haber dado en contratos firmados por el grupo socialista de Leganés con la empresa Roble Park durante los años 2010 y 2011, correspondientes al período que la propia cámara se ha declarado incapaz de auditar debido a la falta de documentación necesaria en el proceso.

La realidad es peor de lo que pensábamos, por lo que el Partido Socialista debería dar explicaciones de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas y que afectan, especialmente, a la gestión del actual portavoz socialista, Rafael Gómez Montoya”, ha declarado Jesús Gómez, alcalde de Leganés.

En concreto, las irregularidades podrían haber tenido lugar en los contratos relacionados con ‘el Servicio de colaboración y asistencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automática’. Según dicho informe, el Ayuntamiento de Leganés, durante el Gobierno del socialista Rafael Gómez Montoya, mantenía la prestación del servicio recogida de  fondos de cajeros automáticos, traslado y distribución del efectivo desde 2008, mediante un contrato administrativo de 1 de agosto de 2008, por un importe máximo de 59.000€ con una duración de dos años.

Posible fraccionamiento del contrato

Tras su finalización, el 23 de noviembre de 2010 se firma un nuevo contrato, por 55.600€, tras un procedimiento negociado sin publicidad donde, en base aun pliego de prescripciones técnicas, se invita a cuatro empresas, relacionadas entre sí, a que presentan sus proposiciones económicas y técnicas.

Las cuatro empresas invitadas a participar estaban relacionadas entre sí (el firmante del contrato inicial con la empresa que lo venía gestionando era administrador único de otra de las sociedades y fue también apoderado de otra de ellas un tiempo después. En la cuarta uno de los consejeros es un representante de la propia sociedad que venía prestando el servicio y que volvió a ser adjudicataria por segunda vez, al obtener la mayor puntuación)”, explica el informe del organismo auditor.

Múltiples contratos firmados de forma sospechosa

Sin embargo, según informa politicalocal.es, estos contratos fueron fruto de una larga relación entre los socialistas de Leganés y la empresa Roble Park. La sociedad ganó la gestión de los principales aparcamientos públicos del municipio desde 2002 con un procedimiento muy similar en la subasta de empresas: tres de la cuatro compañías se encontraban vinculadas al dueño de Roble Park. Sólo entre 2003 y 2007, dichos contratos superaron el millón de euros.

Por otro lado, curiosamente, tres de estos concursos se licitan en el mismo día a través de la entidad EMSULE y van a parar a la misma empresa -RoblePark- y se conceden por la misma cantidad de dinero -43.704€-. Los contratos son firmados por el empresario Joaquín Castillo Cantos, padre de Joaquín Castillo Teruel, imputado en Getafe y administrador único de Roble Park, sobre quien pesaba en ese momento una prohibición firme del Ministerio de Hacienda de contratar con las administraciones públicas por el incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Contratos.

Otras irregularidades señaladas por la Cámara de Cuentas

No obstante, en el informe destacan también otras “irregularidades o deficiencias en los expedientes de modificación presupuestaria”. En concreto, “irregularidades en los saldos de Balance de Situación, que no representan la realidad de las deudas pendientes, falta de motivación y de justificación de concurrencia” en algunos convenios firmados por el anterior equipo de Gobierno.

 “Exsiten retrasos injustificados en la tramitación de varios expedientes, transcurriendo más de nueve meses entre el momento en que se formula la propuesta de contratación hasta la adjudicación definitiva (…). Dada la dilatación en el tiempo de la entrega de los pliegos de prescripciones técnicas, el Ayuntamiento se ve obligado a prorrogar los contratos anteriores o debe seguir ejecutándose la prestación, ya fuera de plazo, hasta la nueva adjudicación,debiendo abonarse el servicio prestado mediante el recurso a la figura excepcional del reconocimiento extrajudicial de derechos”.

Decenas de trabajadores se concentran contra el pliego de mantenimiento de zonas verdes

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AROA DÍAZ / Decenas de trabajadores de la empresa Helechos se reunieron en la tarde de ayer en la Plaza España de Leganés, frente a la sede del grupo municipal popular. El colectivo, acompañado por sindicatos y oposición, protestaba por las condiciones del último pliego de condiciones para el mantenimiento de las zonas verdes presentado por el Partido Popular esta semana. Este pliego contempla un descenso del 8% en el presupuesto destinado a este fin.

El pasado 13 de agosto, el Gobierno local presentó la tercera edición del pliego de condiciones para el mantenimiento de las zonas verdes, tras haber sido recurrido por los partidos de la oposición en dos ocasiones anteriores por los mismos motivos. «Es un pliego completamente inviable que no va a poder cubrir gastos, lo cual afectará al servicio y las condiciones laborales de los trabajadores«, nos explica Jorge Arinero Mora, (UGT) secretario del Comité de Empresa.
Además, en los últimos años se han aumentado los terrenos de zonas verdes en Leganés lo que «podría aumentar aún más el gasto a la empresa adjudicataria y arrastrar la viabilidad del proyecto«, añade Santiago de la Iglesia, (CGT) presidente del Comité de Empresa.
En esta ocasión, el Ejecutivo ha presupuestado 20 millones de euros durante los próximos cuatro años, de los cuales, el 82% se quedaría en los gastos de personal de continuar éstos en las mismas condiciones. Además, a esta cantidad se prevé que se le rebaje un 20% adicional en la subasta de  empresas, es decir, en el proceso por el cual las empresas interesadas presentaran sus propias contra ofertas siendo la más económica la que finalmente firmará el contrato.
La plantilla en vilo
Otro de los aspectos clave de este pliego reside en la plantilla. Mientras que el concejal David Alonso afirma que el número de trabajadores está asegurado, desde el Comité de Empresa denuncian que en el pliego sólo se habla de mantenimiento de las dimensiones de la plantilla y no de la propia plantilla.

No obstante, tampoco está asegurado el número de trabajadores a quienes les afecta este pliego. Un aspecto que los sindicatos ya han denunciado ante el Tribunal Administrativo contra la Administración Pública con el objeto de solicitar suspender el pliego.
«La lista de trabajadores afectados no está suficientemente actualizada, de hecho, la empresa nos ha ofrecido una lista con 20 personas más de las 150 que aparecen en el pliego publicado en el BOE«, denuncia De la Iglesia.
Por otro lado, los trabajadores temen por su puesto de trabajo, ya que este mismo mes finaliza su convenio colectivo. «Esto supone un grave riesgo para la plantilla porque estaríamos únicamente bajo el Estatuto de los Trabajadores, con la desprotección que eso conlleva frente a posibles ERES«.
Un servicio previamente privatizado
En apoyo a los trabajadores, los líderes de los grupos municipales de la oposición -PSOE, IU y ULEG- así como de las agrupaciones Sí Se Puede y Podemos, estuvieron presentes en la protesta. «Este pliego no mejora el anterior«, señaló Rafael Gómez Montoya, portavoz del grupo socialista, quien denunció que el caso de Helechos no es único sino que «también están en peligro las plantillas de limpieza viaria o recogida de basuras» debido, asimismo, a la elaboración de pliegos «a la baja«.
Unos servicios que, tal y como recuerdan desde los sindicatos, ya fueron privatizados durante la anterior legislatura bajo el gobierno en coalición de PSOE e Izquierda Unida.
Por su parte, Carlos Delgado, portavoz del grupo independiente ULEG, señaló la existencia de una «animadversión» hacia la propia empresa de Helechos debido a la negativa del Gobierno local de incluir cláusulas legales en favor de las cooperativas o las empresas locales en el pliego.
Un hecho que podría terminar beneficiando, una vez más, a la compañía Valoriza a quien sindicatos, trabajadores y oposición señalan como futura encargada del mantenimiento de las zonas verdes. «Poco a poco se ha ido haciendo con los últimos contratos de servicios públicos«, denuncian desde el Comité de Empresa.

El abandono de los edificios municipales, principal preocupación del barrio Valdepelayos

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AROA DÍAZ /  De cara a la campaña electoral, el Grupo Municipal Socialista ha visitado el barrio de Valdepelayos y ha denunciado en nota de prensa el estado de abandono en el que se encuentran algunos de los edificios municipales, algunos de ellos, abandonados.


Los encargados de hacer el recorrido fueron el portavoz Rafael Gómez Montoya, la edil Ana Massó y los ediles Pedro Atienza y Luis Martín De La Sierra, quienes han recabando la opinión directa de la ciudadanía, sus quejas, proposiciones y propuestas para el barrio y para la ciudad. En estas propuestas, resaltaron dos aspectos primordiales: la situación del antiguo restaurante Guantanamera, abandonado y en estado de ruina, y el polideportivo Carlos Sastre, aparentemente finalizado pero aún sin inaugurar.

Para Gómez Montoya resulta inexplicable que el polideportivo se encuentre aún cerrado ya que, según parece, se encuentra finalizado y listo para su inauguración.

Según los socialistas, el caso del restaurantes es «preocupante» debido al estado en el que se encuentra. Tras años de abandono, la infraestructura ha sufrido multitud de asaltos en las que los delincuentes han robado las tuberías y el cableado del local, tal y como ocurrió en la Biblioteca abandonada de Leganés Norte.

«Lo más grave es que no hay ningún impedimento para acceder al interior del edificio, e incluso el acceso al sótano que servía de almacén se encuentra abierto con una escalera desprotegida, lo cual puede generar situaciones de alto riesgo».

En ambos casos, los socialistas señalan que, en esta situación, ambas infraestructuras están dejando de producir ingresos para las arcas municipales, sobre todo, en el caso del restaurante. De esta manera, el GMS ha marcado como prioritaria la recuperación de ambas infraestructuras para el próximo curso político.