AROA DÍAZ / El nombramiento del ex concejal de Medioambiente de Leganés, como director del Instituto de Limpieza por el gobierno del municipio de Fuenlabrada, ha reabierto los debates acerca de los supuestos casos de corrupción en los que está involucrado el PSOE de Leganés, y que tuvieron lugar durante la legislatura de Pérez Raéz y la precampaña de Gómez Montoya.

Franciso Arroyo, ex concejal de Medioambiente, fue nombrado el pasado miércoles -13 de noviembre-, nuevo gerente de limpieza en Fuenlabrada, cubriendo la vacante causada por jubilación del anterior titular. Este cargo está dotado con un sueldo correspondiente a 50.000 euros, según fuentes municipales.

La oposición de Fuenlabrada, compuesta por el Grupo Municipal Popular ha rechazado este nombramiento al tratarse de un imputado en los casos de corrupción ‘Facturas’ y ‘Cuadrifolio’ en los cuales se le acusa de malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.

«Una persona con este currículum judicial no puede estar al frente de una empresa pública y, mucho menos, manejar dinero público«, denunció Sergio López, portavoz del GMP de Fuenlabrada.

Por su parte, el equipo de gobierno del municipio, formado por la coalición de los Grupos Municipales de PSOE e IU, ha defendido el saber hacer del ex concejal y ha criticado las acusaciones de la oposición.

«Las imputaciones que mencionan los populares están basadas en acusaciones realizadas por el PP de Leganés hace una década, en las que el Ministerio Fiscal no ha encontrado indicios de delito»

Ambos casos de corrupción fueron denunciados en 2007 y están siendo investigados en estos momentos, en sendos procesos.

Caso ‘Facturas’

La Audiencia Provincial de Madrid reabrió este caso el pasado mes de junio al encontrar indicios de la implicación del nuevo director del Instituto de Limpieza de Fuenlabrada. Se trata de una supuesta financiación irregular de la precampaña de 2007 del actual portavoz del Grupo Muncipal Socialista de Leganes, Gómez Montoya.

Según la acusación, el equipo encargado de esta precampaña contrató publicidad en medios locales con fondos correspondientes a la realización de campañas de concienciación de medio ambiente gestionados por Franciso Arroyo, al ser, en ese momento, concejal de Medio Ambiente. Por ello, se le acusa de «tráfico de influencias y malversación de fondos«.

Caso ‘Cuadrifolio‘

Se trata de un «presunto delito de prevaricación» cometido durante el periodo de gobierno de Jose Luis Pérez Ráez por la realización de una factura con valor de 101.000€  a la empresa Cuadrifolio.

En la actualidad, el caso se encuentra investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 a la espera de la apertura de un juicio oral. En este caso, la acusación solicita «pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público».

Justicia ha dado la razón a la unión sindical de CCOO Leganés ante la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato y el secretario general de la Sección Sindical por vulneración de derechos humanos ante el continuado veto a la presencia del Secretario General en la Mesa General de Negociación. La sentencia obliga al Ayuntamiento a indemnizar con 2000€ a la Federación de Servicios de CCOO y al afectado, Agustín Donallo.


La denuncia fue interpuesta en contra de la anterior delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento, María Paz Pérez Carillo, ante el veto continuado a la presencia del Secretario General de CCOO, Agustín Donallo, en la Mesa General de Negociaciones. Los hechos ocurrieron durante las negociaciones para llevar a cabo la readmisión de los 28 funcionarios despedidos en diciembre del pasado año.

Según nos explica el delegado de CCOO, Julián Sotoca, durante los intentos de negociación tras el despido de los 38 funcionarios -que tuvieron lugar desde 6 de marzo al 6 de mayo de 2012-, María Paz Pérez Carillo desconvocó en repetidas ocasiones las negociaciones debido a la presencia de Agustín Donallo, contra el cual había interpuesto una denuncia por supuestas agresiones -actualmemte en trámites-.

«La delegada llegó a remitir notas internas y comunicados internos en los que admitía que las reuniones no se llevarían a cabo ante la presencia de Agustín Donallo», declara Julián Sotoca.

Estos comunicados fueron presentados como prueba durante el juicio que tuvo lugar el pasado 16 de octubre y del que, en la jornada de ayer, se conoció la sentencia. En ella, se dan como «hechos probados todas las ocasiones en las que se ha producido el veto», además de reiterar el derecho a participar en las reuniones ropias de su actividad sindical de los representantes de los trabajadores.

«Acredita la violación del derecho fundamental a la libertad sindical, se presume la existencia de daño moral y la dignidad del Sr. Donallo como representante de los trabajadores y nace el derecho a la indemnización«, reza la sentencia.

De esta manera, Justicia condena al Ayuntamiento a indemnizar a la Federación de Servicios de CCOO y a Agustín Donallo con 2000€ debido a su «conducta antisindical».

Desde el sindicato recuerdan que el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de apelar esta sentencia, aunque se espera que «impere la razón y no se juegue con el dinero de toda la ciudad» al tener que pagar las tasas judiciales correspondientes.

También se recuerda que sigue pendiente el juicio correspondiente a la denuncia por agresiones e insultos interpuesta por la exdelegada de RRHH a Agustín Donallo, el cual se espera termine en absolución al tratarse de una «denuncia falsa«.