La Comisión Ciudadana por la Verdad ha investigado la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia de COVID en la Comunidad de Madrid. Durante varias sesiones entrevistó a expertos, trabajadores y responsables de las residencias. Ahora sus conclusiones se han presentado en Leganés.
En el evento han estado presentes Carmen Martín, de la Asociación Verdad y Justicia; Carmen Ruiz, de la Asociación de Marea de Residencias; el magistrado José Antonio Martín Pallín y Eduardo Ranz, abogado.
Durante la pandemia, 7.291 personas perdieron la vida en residencias de la Comunidad de Madrid. No recibieron la atención médica adecuada al no ser trasladadas a hospitales. El informe examina las circunstancias de estas muertes y plantea interrogantes sobre los protocolos que restringieron el acceso a asistencia sanitaria para los residentes que dependían del sistema público.
Eduardo Ranz: “Se han vulnerado derechos fundamentales durante la pandemia”
Eduardo Ranz destaca que el informe sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia se basa en pruebas documentales. Las familias nunca han recibido los informes médicos de sus seres queridos y este obstáculo dificulta que las familias conozcan la verdad. Ranz también reconoce que «se han vulnerado derechos fundamentales y constitucionales, como el derecho a recibir asistencia sanitaria y el derecho natural de los padres a morir con sus hijos». Estas vulneraciones se deben a decisiones políticas que impiden a las familias realizar un duelo adecuado.
Eduardo critica con dureza las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que emitió durante un pleno en 2024 que «(los ancianos) no se salvaban en ningún sitio». Ranz considera que esta declaración demuestra desprecio hacia quienes sufrieron la pérdida de sus seres queridos en residencias. En julio, presentó una demanda para que Díaz Ayuso se disculpe públicamente. Según Ranz, sus declaraciones son «ofensivas» y vulneran la dignidad de las familias. También subraya la falta de apoyo institucional durante la pandemia, que afectó tanto a los familiares como a los trabajadores de las residencias, quienes, agotados, no contaban con el respaldo necesario para afrontar la crisis.
José Antonio Martín: “Hasta 4.000 vidas podrían haberse salvado”
José Antonio Martín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente del comité ético, ofrece una de las intervenciones más impactantes en el acto organizado por el PSOE de Leganés. Durante su intervención, revela un dato estremecedor: «hasta 4.000 personas podrían haberse salvado si las hubieran derivado a hospitales privados. A estas personas las dejaron morir en las residencias, desatendidas y aisladas.
El análisis que presenta Martín se basa en los datos del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y en la investigación de Fernando Lamata. Si hubieran utilizado los recursos hospitalarios privados disponibles, aproximadamente 4,000 muertes podrían haberse evitado. «El dato es escalofriante. Si hubieran derivado a estos mayores a los hospitales privados, hoy estarían vivos», afirma el magistrado con rotundidad
El presidente del comité reprocha con dureza la gestión de la Comunidad de Madrid. Señala que esta administración podría haber asumido los costes del traslado de los residentes a los hospitales privados, un gasto que asciende a unos 14 millones de euros. «La Comunidad estaba en condiciones de hacerlo, pero se negó. La decisión fue puramente propagandística y deshumanizada», sentencia.
Finalmente, José Antonio destaca la importancia de que la justicia siga su curso para depurar las responsabilidades correspondientes. Aunque reconoce que sería complicado imputar por homicidio doloso a los responsables, no descarta la posibilidad de que puedan ser acusados de homicidio imprudente o por omisión del deber de socorro. «La vía jurídica está abierta, y veremos cómo evoluciona. Lo que no podemos permitir es que esto se olvide o quede impune», concluye.
El PSOE denuncia la discriminación en el acceso a atención médica
El PSOE de Leganés denuncia la discriminación que han sufrido los mayores de las residencias durante la pandemia, destacando que mientras los usuarios de sanidad privada han sido trasladados a hospitales y muchos han sobrevivido, aquellos que dependían de la sanidad pública no han recibido la misma atención. El secretario general, Rafa L. Pérez, señala que «un 70% de los trasladados a la sanidad privada a día de hoy son supervivientes”.
Además, el secretario general expresa su preocupación por cuántas vidas podrían haberse salvado si los mayores hubieran sido derivados a hospitales. Enfatiza que el informe busca esclarecer los hechos y garantizar que no se repita una tragedia similar. Así, sentencia: «No se trata de venganza, sino de justicia. Queremos aprender de los errores para que nuestros mayores nunca más mueran en una residencia, abandonados y sin atención médica».
