El barrio de Zarzaquemada de Leganés ha vivido esta mañana un desahucio exprés. Desde primera hora de la mañana, una familia ha vivido en tensión en su piso de alquiler de tres habitaciones. La situación era crítica a pesar de que la inquilina estaba pagando a su casero, dueño de otros 15 pisos. «Lleva con problemas de pagos varios años», aseguran los vecinos.
«En la pandemia me quedé sin trabajo. Estaba pagando 600 € de alquiler y llegamos a un acuerdo de bajarlo a 400 € un tiempo. Dos años después me dijo que me lo subiría y tendría que pagar 650 €», explica Sara, nombre ficticio de la inquilina afectada por el desahucio. En este tiempo no ha encontrado trabajo y solo su hija de 22 años trabaja los fines de semana.
Sara no podía hacer frente a este pago por lo que llegó a un segundo acuerdo: le adelantó 2.000 €, que obtuvo prestados de su entorno, y cada mes pagaría lo que pudiera. No ha sido suficiente.
El arrendador, con quien tenía una buena relación, la había denunciado por impago y este martes llegaba la hora del desahucio. «Está claro. Los pisos en esta zona cuestan 900 € en alquiler…», comentan quienes han llegado a arropar a Sara. «Me dijo que si veía buena predisposición por mi parte, no me denunciaría», añade Sara. Pero finalmente, lo ha hecho.
Ejecutado un desahucio ‘exprés’
Tanto la PAH como Servicios Sociales habían llegado para arroparla. «Vamos a hablar con la comisión judicial para negociar. Es tu primer aviso y estás pagando, no debería haber problema», coincidían miembros de la PAH y la técnico de Servicios Sociales. Durante una hora, primero al teléfono y después en persona, se producían las negociaciones.
Lejos de llegar a un acuerdo, o que el arrendador retirara la denuncia, la comisión judicial, que llegaba acompañada por la Policía Local de Leganés, daba 20 minutos a la inquilina y su familia para abandonar el piso sacando todas sus cosas. Ante la negativa, era la propia Policía Local 1la que sacaba las cosas de la vivienda.
«Buscaremos algo para que no estés en la calle. Te ayudaremos a salir adelante», decía la técnico de Servicios Sociales. Y es que no tienen una alternativa para vivir tras el desahucio. Ahora, la familia está pendiente de que el Ayuntamiento pueda ayudarla a encontrar un alquiler social que pueda pagar.
A pesar del decreto antidesahucios
Esta medida se ejecuta a pesar, no solo de que había un acuerdo que la inquilina estaba cumpliendo, sino también de la vigencia del Decreto Ley que impide desahuciar, sin ofrecer una alternativa, a ninguna familia en riesgo de vulnerabilidad. Una condición que cumplían en esta ocasión.
Una situación que cada vez es más repetida en todos los rincones de España, puesto que cada vez son más los jueces que decretan el desahucio como medida preventiva.
