Promesa electoral. Con estas palabras ha calificado la PAH Leganés la promesa que el pasado miércoles realizó el concejal de Asuntos Sociales ante los medios de comunicación asegurando que facilitaría una vivienda a Sandra, su marido y sus tres hijos, todos ellos menores de 8 años.
Y es que, un día después del anuncio, Sandra acudió a las oficinas del EMSULE acompañada por sus compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quienes intercedieron desde el primer momento para paralizar su lanzamiento. Una vez allí, los responsables de la empresa pública negaron que tuvieran una vivienda para ella.
«Nos dijeron que en menos de dos días era imposible que hicieran nada«, asegura Mariela, miembro de la PAH Leganés que ha acompañado a Sandra durante todo el proceso. «Es intolerable que hagan promesas ante los medios para luego dejar a las familias en las calles«.
Según aseguran desde la PAH, la situación de Sandra está pendiente de una discusión interna de competencias entre las concejalías de Urbanismo y Asuntos Sociales debido al documento con el que acreditar la situación de «emergencia social« de la familia.
Entre Urbanismo y Asuntos Sociales
Una acreditación exigida por la entidad bancaria que justifique la paralización del desahucio. Dicho documento debe estar firmado por un responsable del Ayuntamiento, sin embargo, los concejales de Asuntos Sociales, Ángel Juárez, y el de Urbanismo, Miguel Ángel Recuenco, se debaten entre las competencias de cada uno, teniendo como resultado la dilatación del proceso.
De este modo, la familia sigue a expensas de una firma que el banco requiere en un plazo máximo de dos días, es decir, hasta el próximo lunes. «No sabemos qué ocurrirá a partir del lunes, cuando no tengamos el documento, lo que sí sabemos es quién tiene la culpa«, aseguran desde la PAH Leganés.
Las administraciones publicas, lejos de dar respuesta a esta situación de emergencia habitacional y detener la sangría de desalojos, parece más dispuesta a amparar y proteger los intereses de las entidades financieras que a defender los derechos mas elementales de la ciudadanía. Los poderes públicos están siendo cómplices de la vulneración de este derecho básico, incumpliendo el marco jurídico estatal, así como diversos tratados internacionales que han sido ratificados por el estado español.
Desde la PAH Leganés recuerdan que «intentamos hacer todo lo posible para parar el desahucio y conseguir el realojo» llegando a realizar una sentada en el Ayuntamiento que se vieron obligados a cancelar al ver el desinterés del concejal de Asuntos Sociales.
