Familiares de cuatro residencias de Leganés se suman en un querella contra el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Llegó a afirmar que las residencias estaban medicalizadas.
La Marea de Residencias, compuesta por familiares de residentes y trabajadores de los centros de la Comunidad de Madrid han presentado este miércoles una querella contra Enrique López López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Esta se suma así a la ya presentada anteriormente contra la Comunidad de Madrid por presuntas negligencias en la gestión de la crisis del COVID19.
El colectivo ha ampliado a su vez las denuncias al director de la Residencia de Alcorcón, y a las siguientes residencias del municipio de Leganés: ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS-PARQUE DE LOS FRAILES, DOMUSVI-LEGANÉS, AMAVIR-El ENCINAR, y VITALIA HOME-LEGANÉS. Todos ellas denunciadas durante estos dos meses por posibles negligencias en el aislamiento y tratamiento de prevención de los residentes.
«En unas residencias hay muchos contagios y en otras ninguno, ¿por qué? No es suerte, es gestión», aseguraba la portavoz del Comité de Familiares de Vitalia Home Leganés en conversaciones con LEGANÉS ACTIVO. En este sentido, los familiares de la Marea de Residencias destacan que el problema está en la gestión que muchos de los directores han hecho.
No son cheques mensuales eran nuestros padres y madres. pic.twitter.com/AYRoHfrMmr
— FamiliasResiDomusViLeganes (@resi_vi) May 27, 2020
Director de las residencias públicas, acusado
Las personas denunciantes consideran responsable a López por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y víctimas que se celebró el pasado 20 de abril.
La Marea de Residencias señala que López ha llegado a afirmar que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque “eran competencias del Gobierno central”. Una falsedad a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid.
