Se consideran suficientes las disculpas dadas por el alcalde a los profesionales del Severo Ochoa

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«Se ha tratado de un desafortunado discurso que nadie de la Corporación queremos creer que comparte», se ha concluido. El alcalde ha pedido disculpas en varias ocasiones y a través de distintos medios, como Twitter y han llegado a quien las quería escuchar, ha sancionado el pleno municipal en la moción

ULEG ha llevado al Pleno una moción en la que exigía disculpas públicas al alcalde Santiago Llorente por sus palabras en un mitin del PSOE en el barrio de Zarzaquemada el pasado 20 de abril, en las que, según Ricardo López de este partido, «atacaron directamente a la profesionalidad y la deontología de médicos enfermeros y en general al personal sanitario y administrativo del Hospital Severo Ochoa». “Un desafortunado discurso que nadie de la Corporación queremos creer que comparte” afirmó, instando al alcalde a que elabore una disculpa pública,

“Usted se pasó de frenada simplemente porque quería hacer méritos ante sus de sus mayores”

–Ricardo López – ULEG

Ante estas palabras, ULEG pedía que el Ayuntamiento en Pleno pidiera disculpas por las palabras del alcalde, algo que no apoyaron el resto de formaciones. Eva Martínez de Más Madrid–Leganemos arremetió contra la gestión de la Comunidad de Madrid en la primera ola, calificándola de muy deficiente quitando hierro a las declaraciones del alcalde y recordando el hospital de campaña que se montó en Leganés. A lo que Pilar Cano de Ciudadanos ha añadido que “el alcalde ha pedido disculpas en varias ocasiones y a través de distintos medios. Por nuestra parte consideramos que esas disculpas se han hecho de manera pública y han llegado a quien las querían escuchar” absteniéndose en la moción.

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Oscar García de Podemos–IU, ha admitido que las declaraciones del alcalde fueron desafortunadas, pero le parece que se están utilizando y retorciendo. García recordó las informaciones que apuntan a que el PP habilitó un protocolo para no trasladar a las personas mayores que tenían COVID-19 de las residencias a los hospitales públicos, sin embargo, esto sí era posible con un seguro privado. Para García, que se ha abstenido de la moción, “no había suficientes recursos públicos y los profesionales sanitarios tenían que decidir, para quién iba el último respirador”.

“Yo creo que es obvio que el señor Llorente no quería decir que la responsabilidad era de trabajadoras y trabajadores del hospital si no de la gestión de la sanidad pública que en esta comunidad es del Partido Popular”

— Oscar García de Podemos–IU

Llegada la intervención del Partido Popular, y tras estas acusaciones, Miguel Ángel Recuenco, ha agradecido públicamente en nombre de los miembros de la Corporación la labor y profesionalidad del personal sanitario del Hospital Severo Ochoa, y ha exigido que “la persona que tiene que pedir perdón es el señor Llorente; el Ayuntamiento es algo más grande que el señor Llorente”. En cuanto a las críticas a la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Díaz Ayuso, se ha referido a la reválida que pasó en las urnas el pasado 4 de mayo «con una nota bastante buena»: “el mensaje de que el Partido Popular tiene la culpa de todo ya no cuela”.

Las directrices de ‘no atención’ en los hospitales

 “Los hospitales públicos recibieron órdenes, y les daban instrucciones de volver a las residencias para volver a ser ingresados allí porque en los hospitales públicos no les querían atender… …en las residencias de mayores fallecieron sin médico por la noche, sin enfermero y sin atención sanitaria de ningún hospital público sin embargo, el que tenía una tarjeta sanitaria privada iba a un hospital privado sin ningún tipo de problema”

—- Santiago Llorente – Alcalde de Leganés

Estas palabras no han sido pasadas por alto por Recuenco, que ha instado a Llorente a aceptar los resultados de la democracia, que según él, han servido de aprobación de la gestión de la pandemia. También ha puesto sobre la mesa un informe independiente que la ha mandado la Organización Mundial de la Salud que recrimina que si en España se hubiese actuado en tiempo se hubiesen evitado muchas muertes. “Los vecinos, aunque ustedes los traten como tontos, no lo son”. Recuenco, finalizaba felicitando a Llorente por formar parte de la gestora que «ha montado Sánchez en Madrid», “te veo muy próximo a él” le ha dicho. Votando a favor de la moción.

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Llorente, por su parte, le ha quitado hierro al asunto afirmando que nunca quiso ir en contra de los trabajadores y que le sorprendió que se sintieran ofendidos por lo que se reunió con el Hospital Severo Ochoa para pedir disculpas. Y es que las declaraciones estaban en el contexto de la campaña electoral, y afirmando que aceptan los resultados electorales, les gusten o no, pero que la verdad sigue siendo la verdad. “En la Comunidad de Madrid el Partido Popular tomó la decisión de prohibir que los mayores de las residencias fueran trasladadas a los hospitales”. Un protocolo que fue confirmado por miembros de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en una comisión de investigación. 

“Si cree que es la señora Ayuso la responsable, pues usted tiene que ir al juzgado a denunciarlo, acusarla de un delito la dejación de funciones, el no auxilio es un delito en España, y es de lo que usted acusó a los profesionales del Hospital Severo Ochoa; pero si usted tiene alguna prueba, tiene la obligación de ir al juzgado y ahí va a tener a ULEG de la mano”

—Ricardo López – ULEG

Cabe recordar que pesan varios procesos abiertos contra la Comunidad de Madrid por la directriz que prohibía atender a los usuarios de residencias en los hospitales, varios de ellos abiertos por las denuncias de usuarios de residencias de Leganés, además de la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid.

Además, el Ayuntamiento de Leganés se personó contra la Comunidad de Madrid para medicalizar las residencias, un procedimiento que la Justicia falló a favor del Ayuntamiento pero que la Comunidad de Madrid no ha llegado a llevar a cabo. En este procedimiento la Justicia declaró que las competencias totales sobre las residencias estaban en manos de las Comunidades Autónomas y no del Gobierno central.

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