En diciembre se jubiló la abogada del observatorio regional para la violencia de género de Leganés y su baja no ha sido suplida. El Ayuntamiento asegura que está publicado el proceso de selección.
El Punto municipal para el Observatorio Regional para la Violencia de Género sufre desde hace dos meses la baja de un puesto clave: la abogada que presta servicio jurídico a las víctimas. Y es que, la trabajadora presentó su jubilación en el mes de diciembre y a día de hoy no se ha suplido la baja, según ha denunciado públicamente ULEG.
Esta baja es clave en el servicio aunque, según fuentes municipales, no está suponiendo ninguna merma. «Para el Ayuntamiento de Leganés es prioridad máxima mantener el Punto municipal para el Observatorio Regional para la Violencia de Género con personal municipal y por ello se trabaja para realizar esta sustitución cuanto antes«, declaran fuentes municipales.
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Y es que en este periodo el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso de contratación de una profesional sustituta para el servicio, el cual se ha dilatado en el tiempo ya «que se ha llevado a cabo mediante los cauces precisos según marca la Legislación, atendiendo a los requisitos que ha marcado la Intervención municipal y con el acuerdo de los sindicatos«. Mientras tanto, las mujeres que acuden al punto municipal están siendo atendidas.
Actualmente las mujeres están siendo atendidas y/o derivadas en base a sus demandas por personal propio del Ayuntamiento de Leganés y se está atendiendo con recursos especializados
Respuesta del Ayuntamiento de Leganés
En riesgo la financiación del servicio
«El proceso está siendo lento pero se busca en todo momento dar una solución estable, no un parche, y crear además una futura bolsa de personal estable», confiesan desde el Ayuntamiento de Leganés. La bolsa está aprobada por el Gobierno local pero aún está en proceso de publicación.
A ULEG estas respuestas no le han valido y denuncian que el servicio está siendo llevado por trabajadores que no están especializados. Además, alertan que es la Comunidad de Madrid, a través de un convenio, quien lo financia, dinero que se podría perder por no cumplir los puntos del convenio, tal y como ha ocurrido con el servicio del CAID.
