La decisión de PSOE Leganés de destinar parte del superávit al pago de deudas, en lugar de inversiones, fue criticada por todos los partidos.
Una de las decisiones más polémicas de los últimos meses del Ayuntamiento de Leganés fue destinar parte del superávit al pago de deudas. En concreto, cerca de 7 millones de euros para pagar préstamos bancarios. Ahora, ULEG ha denunciado el «ínfimo ahorro» que ha supuesto para las arcas municipales esta decisión. Según los cálculos realizados por la formación, el Ayuntamiento de Leganés se ahorró 21.700€.
En concreto, se acordó cancelar dos préstamos. El primero, de 1.045.588,27 del BBVA por el que se pagaba un interés fijo de 3,99% con vencimiento en 2023. El segundo, 5.896.574,23 euros de CAJAMAR que vencía en 2031 por el que paga un interés variable de 0,987%. En total los intereses que no se han pagado gracias a esta cancelación temprana ascienden a 21.700€.
En ULEG dudan del sentido de cancelar el préstamo al 3,99%, «pero ya es delirante destinar 6 millones a amortizar por el que se paga menos de un 1% y con el que sólo se van ahorrar 11.000 euros de intereses y más teniendo en cuenta que el Ayuntamiento está tramitando un nuevo préstamo».
Decenas de propuestas de inversión
Cabe destacar, que ante la situación de emergencia social actual, las entidades sociales propusieron destinar este superávit a gasto social. A excepción de PSOE, todos los partidos, incluido C’s Leganés, se opusieron a este acuerdo. Así, propusieron aumentar el gasto en Servicios Sociales o en la construcción de centros culturales. «No es que no tengamos ninguna propuesta sino que el superávit se tienen que ejecutar en el año en curso y un centro cultural no se hace en unos meses», respondía el alcalde, Santiago Llorente, ante las críticas.
“Teniendo en cuenta el impacto social de la pandemia que a día de hoy sigue sufriendo, y cuando se acaben los ERTES se va a notar más, es una partida insuficiente este millón”, aseguraba Miguel Ángel Recuenco en el debate de aprobación. Tanto la Federación de Asociaciones de Vecinos como ULEG y Unidas Podemos-IU Leganés realizaron alegaciones a este acuerdo. Entre ellas se proponía la contratación de profesores, un programa de defensa al menor o para la atención de familias en riesgo de exclusión. Ninguna fue aprobada.