El Ayuntamiento de Leganés ha sido condenado. Después de cuatro años de luchas, la justicia ha dado la razón al belenista, M.A.M, tras el incendio de su Belén, instalado en Leganés en 2020. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ayuntamiento a abonar 21.032,85 € al belenista como indemnización por las piezas calcinadas en el incendio, según la sentencia a la que ha tenido acceso LEGANÉS ACTIVO.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de enero de 2020. Un incendio provocado en las sillas del bar El Viejo Café, agolpadas en el exterior, se propagó hacia la caseta que albergaba el Belén municipal. Las llamas del incendio se cebaron con la caseta y alcanzaron varios metros de altura, asustando incluso a los vecinos de la plaza. Fueron ellos los que alertaron a los vecinos.
La caseta estaba cerrada con llave y custodiada por personal a cargo del Ayuntamiento de Leganés. En su interior, la exposición -que se había prorrogado cuatro días más de lo previsto ante el éxito de público- estaba ya desmontada y lista para su transporte.
El seguro estaba caducado y el transporte, a punto
La casualidad ha jugado una gran baza en este caso. Y es que los hechos ocurrieron a las 2 de la madrugada del 11 de enero, momento en el que se dieron dos circunstancias clave que han tenido peso en esta sentencia.
La primera de ellas es que se trataba del día en el que el belén se iba a recoger. Tal y como puso de manifiesto la concejalía de Cultura, en ese momento a cargo de Leganemos, el Belén fue desmontado y empaquetado en cajas el día 9 de enero para que el belenista se hiciera cargo de su recogida. Sin embargo, «problemas propios del transporte» retrasan el traslado al 11 de enero, día del incendio.
Todo esto, a pesar de que el día 10 se terminaba el contrato con el belenista. «Al momento de producirse el siniestro no estaba ya ‘viva’ la relación contractual existente», refleja el auto del TSJM al que ha tenido acceso LEGANÉS ACTIVO. Esto ha hecho que no haya «regulación administrativa directa, sino meramente genérica». Así, el juzgado entiende que hay «presunción» de que «si el montaje se pierde» es responsabilidad del Ayuntamiento, salvo que se pruebe que sea por causas ajenas. En este caso, un «acto vandálico de terceros».
Responsabilidad compartida con el belenista
Aunque en primera instancia, la caducidad del contrato había jugado en contra del Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha considerado lo contrario. Y es que, al contrario que lo impuesto por instancias anteriores que culpaban del todo al Ayuntamiento, ha sentenciado que «solo» debe compartir los gastos.
Tal y como señala el TSJM, fue el belenista el que «solicita y se le concede, ya finalizado el contrato, la prolongación del depósito del belén por puro interés propio». Así, considera que, tras conceder este favor al demandante, sería «injusto» que el Ayuntamiento asumiera todo el pago. Por ello, el tribunal condena a que los gastos sean compartidos por ambas partes. Además, se desestima el pago de costas y la pretensión del pago de intereses. De esta forma la cifra queda solo en 21.032,85 €.
Aunque la condena no es firme, solo cabe un recurso de casación por parte de ambas partes.
Herencia del anterior gobierno
Aunque los hechos se produjeron en 2020, bajo un Gobierno PSOE-Leganemos, es ahora, bajo el Gobierno de PP-ULEG cuando se ha publicado la sentencia. Así, fuentes municipales aseguran a LEGANÉS ACTIVO ser «conscientes de que tenemos que asumir la responsabilidad de las cargas de toda índole que nos dejó el anterior equipo de gobierno socialista, pero este gobierno respeta y acata las sentencias judiciales como no podría ser de otra manera».
En este sentido, las mismas fuentes señalan que «es el mismo nivel de responsabilidad que le venimos solicitando al PSOE de Leganés a la hora de que no se nieguen a abonar las deudas que ellos mismos generaron«. Así, recuerdan los problemas que están teniendo a la hora de aprobar diferentes gastos: «Hasta la fecha, cuando se ha necesitado su voto favorable en el pleno para afrontar determinados pagos que necesitaban la aprobación del pleno, se han negado reiterada y sistemáticamente”.
