El retraso en solventar las becas comedor de la Comunidad de Madrid está afectando a centenares de menores en todo el territorio de la región. Desde la FAPA y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil se ha exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se buscara una solución: «Es el deber de las instituciones públicas garantizar los derechos de la infancia de acuerdo con la legislación vigente».

En base a esta frase, el PSOE ha exigido al Gobierno de Leganés que arrope a los menores de la ciudad que estén en esta situación de indefensión. «No hay ningún menor en Leganés que no esté comiendo», ha zanjado la concejala de Educación, Mercedes Neria (ULEG) quien ha explicado las maniobras que el Gobierno está realizando para evitar que esta parálisis de las becas afecte a los menores de la ciudad.

«Yo me he puesto en contacto con todos los directivos de todos los centros escolares y después me he puesto en contacto por WhatsApp, teléfono e email para saber cuántas familias estaban renunciando al comedor, y en Leganés no ha habido ninguna», ha explicado Mercedes Neria. «A todos los niños de Leganés se les está dando de comer en estos comedores, dicho por los equipos directivos», una afirmación que ha sido rechazada por la ex concejala de Educación Virginia Jiménez (PSOE): «hay muchas familias que no llevan a sus hijos al comedor porque no pueden pagarlo. No somos mentirosos. Dejen de mentir».

Según ha explicado Neria, ha mantenido reuniones con el Proyecto del Defensor del Menor, la FAPA y todos los equipos directivos de los colegios de la ciudad. De estas reuniones, Neria ha solicitado a las entidades locales conocer «todos los casos a los que no lleguemos la Comunidad de Madrid y nosotros». En este sentido ha explicado que «hay una niña que sus padres deben 60 € de una multa de tráfico y no podemos nosotros abonarle el complemento de la beca comedor, pues eso lo vamos a solucionar».

«Vamos a actuar», ha sentenciado Neria, «parte de las becas que quedaban pendientes del año pasado se han abonado esta semana», un retraso justificado por la falta de funcionarios en Servicios Sociales que se ha solventado. Además, ha recordado que «hay familias ya en la Cruz Roja y sino tenemos un convenio con Cáritas. Haremos todo lo posible por que ningún niño se quede sin comer».

Críticas a la gestión de la Comunidad de Madrid

El fallo de la Comunidad de Madrid está afectando a toda la comunidad educativa, lo que ha hecho que Victoria García (Más Madrid) criticara al Partido Popular duramente señalando que «hay una privatización del servicio», y acusando a ULEG de «saber las políticas del PP y aún así ser socios de gobierno en Leganés».

En este sentido, Neria ha criticado levemente la estrategia de la Comunidad de Madrid señalando que deberían «haber sido más transparentes» con el motivo por el que se ha generado este problema: «no decir que ha sido un fallo informático sino explicar que no se han cruzado los datos, que ha sido el problema. La comunidad educativa suele ser bastante empática con estos fallos».

Además, ha señalado que se ha reunido con el consejero de la Comunidad de Madrid en dos ocasiones y con la DAT hasta en tres ocasiones exigiéndoles soluciones. Ante esto, Virgina Jiménez (PSOE) ha criticado que la Comunidad de Madrid no haya abonado la tasa de comedor aún a los colegios a pesar de que lo haya prometido: «Está muy bien reunirse y preguntar pero los niños no comen preguntando, comen si se abona la tasa de comedor».

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha aprovechado también para defender la gestión educativa de su partido: «El PP presentó unos presupuestos duplicando el presupuesto para las becas, ¿sabe quién votó en contra? Más Madrid, Podemos, PSOE y Vox. Votaron en contra de esos presupuestos. Ahora que hay mayoría del PP verán multiplicados estos recursos». Además, ha subrayado que la falta de profesores es de únicamente 25 sobre los 18.000 docentes regionales.

La oposición de Leganés (PSOE, Podemos-IU-AV, Más Madrid y Vox) han hecho valer su mayoría en el último Pleno de Leganés al bloquear el abono de pagos atrasados del Ayuntamiento de Leganés pidiendo que su votación se quedara sobre la mesa. Con esta maniobra, los grupos de la oposición han impedido que se votaran.

En este mes de octubre, el Gobierno había propuesto al Pleno aprobar decenas de facturas que habían quedado en al cajón. Facturas que se han dividido en once bloques para intentar que alguna de ellas fuera aprobada. Entre estos bloques se encontraban pagos por sentencias condenatorias, deudas que algunas databan de 2014 a empresas o entidades públicas como la UC3M, el pago de una ampliación de la factura del alumbrado público o la estatua del Santo Niño de San Nicasio.

La portavoz del PSOE, Laura Oliva, era la encargada de explicar porqué se pedía que se quedara sobre la mesa, argumentando que había «defectos de forma» que hacían que no entendiera «cómo podía haber llegado hasta el Pleno» el expediente. Unas acusaciones que tanto el Secretario como la Interventora negaban asegurando que estaba todo correcto.

Lo mismo ocurría con el resto de bloques de facturas pendientes. Todos ellos quedaban sobre la mesa sin que nadie más justificara sus votos, impidiendo que se debatieran y se votaran. Eso sí, los concejales han vertido sus opiniones a través de Twitter. Así, el primer teniente de alcalde, Carlos Delgado (ULEG), criticaba a la oposición.

Por su parte, Óscar Muga, concejal de IU, lo hacía a través de Twitter, exigiendo al Gobierno local «buscar apoyos para poder gobernar». Una petición que iba en la línea de lo apuntado por Beatriz Tejero (VOX): «no tienen cintura política para poder llamar y llegar a acuerdos».

Finalmente, Alba Pulido (Podemos Leganés) señalaba que a pesar de estar de acuerdo con que se paguen y se eviten los intereses de demora, «no vamos a ser cómplices de una guerra en un trilerismo político, que nos da a elegir en unas modificaciones presupuestarias -que como venimos diciendo deben ser excepciones-, lo malo, y lo peor».

Aunque todavía no se ha confirmado, lo más previsible es que estos bloques vuelvan a ser llevados al Pleno para ser votados (o no) nuevamente por la oposición, y es que se trata de deudas que el Ayuntamiento deberá afrontar sí o sí y que necesitan la aprobación en el Pleno para ser abonados.