La empresa pública de Leganés incumple el acuerdo alcanzado en la negociación. Aprovechándose de la situación de una de las afectadas, le aplica cláusulas abusivas.
Temor e impotencia. Estos han sido los sentimientos que han impulsado a Evelyn, amenazada con un desahucio de su piso de EMSULE, a firmar un acuerdo con la empresa pública de Leganés que nada tenía que ver con lo negociado hasta ahora. La situación de esta vecina de Leganés era extrema: soltera con dos hijos menores y una nómina que apenas alcanza los 500€ al mes.
La escasa liquidez apenas la ayuda a cubrir los gastos del día a día, cuanto menos a suplir una deuda contraída tras haberse quedado meses sin trabajar a causa del confinamiento. Evelyn es camarera.
Durante este tiempo, Evelyn, asesorada por la PAH Leganés y su abogado, han negociado con EMSULE para poder abonar esta deuda. En la última reunión habían llegado a un principio de acuerdo: sus escasos recursos la permitieron en su día optar a un alquiler bajo, el cual podría mantener. Además pagaría 43€ mensuales adicionales para ir saldando la deuda. Por parte de la empresa pública, se paralizaría el proceso de desahucio.
Sin embargo, apenas unas horas después, Evelyn recibía una llamada: no había acuerdo. Todo había cambiado. La ilusión por finalizar el proceso de desahucio se había desvanecido y el temor a verse en la calle con sus dos hijos había crecido. En lugar de lo acordado, EMSULE le ponía otra oferta sobre la mesa, una que contenía una cláusula conocida como «vencimiento anticipado», es decir, en el momento en el que la familia deje de pagar una cuota, volverá el proceso de desahucio. Ésta ha sido considerada abusiva por los tribunales en varios procesos.
«Falta de respeto y juego sucio», según la PAH
Ante el miedo, la familia aceptó la nueva oferta y acudió al día siguiente a las puertas de EMSULE para firmar el acuerdo, acompañada por dos miembros de la PAH Leganés. Sin embargo, las oficinas estaban cerradas. A su llegada, y a través de la verja de seguridad, se indicó que solo podría entrar la afectada, sin ningún acompañante o asesor. «Nos han tenido discutiendo en la puerta durante al menos 40 minutos», asegura Felipe, uno de los asistentes.
Mientras debatían la situación, se personaba una patrulla de la Policía Local de Leganés llamada por los trabajadores de EMSULE. El agente, impotente, era testigo de que no había ningún problema que requiriera su presencia, pero se veía obligado a quedarse.
Finalmente, Evelyn firmaba el acuerdo, cláusula abusiva incluida, apoyada en un banco de la calle para, seguidamente, devolverlo a las trabajadoras a través de la verja de seguridad. No obstante, la PAH Leganés y la afectada están estudiando poder denunciar en los tribunales este acuerdo.
Desde la PAH Leganés critican una «actitud agresiva, animadversión y recelo por parte del EMSULE», algo a lo que aseguran que no han dado motivos. Y es que esta era la tercera vez en dos semanas que acudían a las oficinas. En estas visitas, si bien es cierto que había habido un debate acalorado con los responsables de la empresa, nunca había habido problemas.
La plataforma ha recriminado que se lleven a cabo estas prácticas y que se intente «atacar a la plataforma y sus afectados, sin buscar una gestión eficaz de las escasas viviendas públicas en alquiler de este municipio«. Escasas, a pesar de la situación actual que atraviesan multitud de familias de vulnerabilidad tras los estragos económicos de la pandemia y la guerra.
