El precio de la vivienda es sin duda uno de los grandes temas de conversación y preocupación en los últimos años. Y es que se encuentra en el epicentro de muchos de los problemas económicos familiares. El aumento de las hipotecas lastra la economía de muchas familias mientras que a otras, el elevado precio de acceso elimina sus posibilidades de emancipación o cambio de vivienda.
En este contexto, la Comunidad de Madrid ha anunciado que hará una inversión en vivienda protegida mientras que trabaja para actualizar el precio de los módulos de este tipo de vivienda. «Estamos en el proceso de revisión del módulo, habrá que hacerlo lo antes posible, pero sobre una base de convicción de que ese efecto, luego no sea inflacionario del precio final de la vivienda asequible«, destacó el viceconsejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, en una mesa redonda de Idealista.
Aunque todavía no se ha consolidado esta revisión del precio, todo apunta a que se aprobará en el primer trimestre de 2024 con la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid. De esta forma, entraría en vigor en este año.
Un aumento del 34% del precio de la vivienda
Actualmente están vigentes los precios máximos y mínimos por metro cuadrado útil para estas viviendas establecidos en 2008. En la zona B, donde están comprendidos gran parte de los municipios de la región, incluido Leganés, el máximo de venta de una VPO y VPP es de 1.576,64 € en régimen general y de 1.478,10 € en régimen especial. Según los documentos previos, estos subirán a 2.110 € para las viviendas con protección básica y 2.430 € para las de protección limitada, subiendo desde el 1 de enero de 2025 acorde al IPC. Precios por encima de la vivienda libre.
«Comparados los nuevos precios con los que se ven en el mercado libre que ofrece el Mitma podemos observar que hay localidades donde la diferencia es del 50%», ha denunciado Vicente Pérez, responsable de vivienda de la FRAVM en la Cadena SER. «Está bien que se revisen los precios, pero es censurable que esta actualización se haga de esta manera. Municipios como Alcalá de Henares, Leganés, Alcorcón, Getafe o Móstoles, en las grandes ciudades que rodean Madrid, el precio de la vivienda de protección va a ser, en muchos casos, superior al valor en el mercado libre«, ha añadido Pérez.
Según estos datos, un piso de 60 metros cuadrados en Leganés de protección básica llegaría a costar 126.600 €. Actualmente en el mercado libre, pisos de este tamaño oscilan entre los 110.000 € y los 160.000 €. Por su parte, los pisos de 80 metros cuadrados costarían 168.800 € con protección básica, mientras que en el mercado libre se pueden encontrar por precios que van desde los 140.000 € a los 210.000 €.
Aumento del esfuerzo para pagar la hipoteca
Este aumento de los precios supondrá un aumento del esfuerzo económico de las familias para hacer frente a los gastos de la vivienda. Un motivo por el que el Gobierno de Alcorcón, afectado de igual forma que Leganés, ya ha pedido a la Comunidad de Madrid que «rectifique» sus planes. La alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), ha mandado una carta asegurando que el Gobierno de la región «tiene que rectificar y tomarse este problema en serio», deseando «poder establecer cauces de colaboración leal con la Comunidad de Madrid, para hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar».
No obstante, por parte de la Comunidad de Madrid no hay intención de echar marcha atrás esta propuesta la cual, denuncia la FRAVM, ha tenido en cuenta a los empresarios inmobiliarios aunque no a las entidades vecinales y Ayuntamientos.
En medio de la negociación de EMSULE
Este aumento del precio era, precisamente, una de las preocupaciones por parte de los beneficiarios del sorteo de vivienda protegida de EMSULE. Las más de trescientas familias que ‘ganaron’ una vivienda en junio aún no han firmado los contratos de sus respectivas viviendas ni las características de los pisos que se les adjudicará finalmente. Una incertidumbre que podría verse afectada por este cambio de precios, aplicándose ahora los nuevos precios máximos de las vivienda, lo que haría que gran parte de los beneficiarios tuvieran problemas para afrontar los gastos iniciales. Por su parte, el Gobierno local se ha comprometido a no tocar el precio prometido de cada una de las viviendas adjudicadas.
