Los familiares de los fallecidos por COVID19 en las residencias de Madrid reclaman que se investigue lo ocurrido. Desde hace tres años, los familiares han emprendido una lucha para que la justicia investigue si la Comunidad de Madrid y la dirección de las residencias hizo todo lo que pudo, pero las causas han sido archivadas. Tampoco han tenido éxito con la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Ahora, en medio de la batalla para que la investigación llegue al Tribunal Supremo, la Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid han creado una ‘comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid’ con siete miembros de reconocido prestigio, con el objetivo de investigar las 7.291 muertes.
- José Antonio Martín Pallín, Fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo, que la presidirá.
- María Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California. Profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal
- Fernando Lamata Cotanda. Médico, experto en Gestión y Administración Sanitaria, ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias
- Anna Freixas Farré. Escritora. Profesora jubilada de la Universidad de Córdoba. Ha hecho importantes aportaciones sobre el envejecimiento de las mujeres.
- Fernando Flores Giménez. Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad.
- Cristina Monge Lasierra. Socióloga y Politóloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza.
- Eduardo Ranz Alonso. Abogado y profesor de la Universidad Carlos III. Especialista en memoria histórica.
El 77% de los fallecidos no recibió asistencia sanitaria
En la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, murieron 9.468 personas que vivían en residencias (el 18% del total de residentes); y de ellas, 7.291, el 77%, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estas cifras suponen casi la mitad de los 20.000 fallecimientos en todo el país, durante la primera ola de la pandemia, a pesar de que esta Comunidad contaba solo con el 13,5% de plazas (51.908 en Madrid y 384.251 en toda España).
Las derivaciones desde las residencias a los hospitales se desplomaron a partir del 6 de marzo y unos protocolos emitidos por la Consejería de Sanidad, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, impidieron el traslado de pacientes, que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, a hospitales públicos, al hospital de campaña de Ifema -3811 personas atendidas y solo 23 fueron derivados de residencias-, a los hoteles medicalizados y a los hospitales privados -salvo que la persona residente tuviese un seguro privado-. Tampoco se medicalizaron las residencias.
Amnistía Internacional en un informe titulado “Abandonados a su suerte” (diciembre de 2020) considera que “se… han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, y además resultaron ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable. Asimismo, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna.”
Las familias exigen investigación
Con esta comisión de investigación, los familiares buscan conocer qué ocurrió, en qué circunstancias fallecieron los residentes y si se podría haber hecho más. «La sociedad civil tiene suficientes recursos y conocimientos para no quedarse de brazos cruzados y buscar la verdad y la reparación para las víctimas», señalan.
Las consecuencias inmediatas de, no investigar, no juzgar y no tomar medidas, ya son visibles, al contribuir en la intensificación de la deshumanización que caracteriza el mundo de las residencias. Después de tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta soledad no ha habido cambios significativos en estos centros.
Marea de residencias
Durante los días 15 y 16 de septiembre, la comisión entrevistará a personas que sufrieron esta experiencia en primera línea (residentes, familiares y profesionales); a personas que por su profesión tienen conocimientos de lo sucedido (periodistas y médicos) y a personas con responsabilidades políticas en aquellos momentos. Con posterioridad esta Comisión emitirá un Informe al que daremos difusión y del que haremos entrega en diversas instituciones de la Comunidad, nacionales e internacionales.
