Eran las 6:30 de la mañana cuando Leganés Norte comenzaba a blindarse. Primero llegaban dos furgonetas de Policía Nacional para blindar las puertas del edificio donde esperaban Libertad y sus dos hijos menores tras haber pasado una noche en blanco: «Cuando he visto todo este despliegue me he quedado paralizada. Quería levantarme pero mis piernas no me respondían…», confesaba la afectada.
Apenas media hora después su hija de 16 años iba a su primer día de instituto dejando a su familia con todos los muebles fuera de la vivienda y los colchones en el portal. En ese momento otros tres furgones de Policía Nacional llegaban para reforzar el dispositivo, al que después se sumaría otro furgón y un coche patrulla.
Un brutal dispositivo para vigilar las posibles protestas de los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés, que se congregaban en la acera de enfrente. «Caballero, por allí», indicaban los propios agentes en las puertas del edificio. «¿Qué pasa aquí?», preguntaban los curiosos y vecinos del bloque, que necesitaban enseñar el DNI para poder acceder a su portal.
En contra de la ONU y la Ley de vivienda
«Este desahucio es ilegal», se escucha entre los activistas y es que la situación de Libertad es de extrema vulnerabilidad: cuenta con dos menores a su cargo, uno de ellos con un 66% de discapacidad, lo que le hace incompatible trabajar. Para estos casos, tanto la Ley de vivienda como el decreto antidesahucios dictan que no se puede desahuciar hasta que no tengan una alternativa habitacional. Algo que no se ha cumplido.
Para mayor abundamiento, hace tan solo unos días que la ONU ha emitido un dictamen claro: el desahucio debe paralizarse «para evitar posibles daños irreparables». No es la primera vez que el IVIMA desoye un dictamen de la ONU.
De conformidad con el artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité, por intermedio del Grupo de Trabajo sobre comunicaciones, ha solicitado al Estado parte tomar medidas para evitar posibles daños irreparables mientras su caso está siendo examinado por el Comité, consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda en la cual usted y sus hijos actualmente habitan, o alternativamente otorgándoles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades, en el marco de una consulta genuina y efectiva.
Dictamen de Naciones Unidas del 5 de septiembre sobre Libertad
Con todo esto, la PAH se reunió con el IVIMA el pasado lunes para solicitar la paralización del desahucio, algo a lo que se negaron ya que ella entró como okupa: «Tienen la directriz de no regular nunca a quienes entraron como okupas, y no se lo van a saltar. Y tampoco tienen intención de negociar ningún alquiler para ella», explican desde la PAH.
Sin opciones del Ayuntamiento de Leganés ni la Comunidad de Madrid
Un mes y una semana después del primer intento de desahucio, la familia finalmente se ha quedado en la calle. «Mi hija está muerta de miedo y mi niño no ha querido irse al colegio para estar conmigo», explicaba Libertad a RNE a las puertas de su vivienda frente a uno de los furgones que vigilaba, muy alerta, a los activistas.
«No he dormido y estoy paralizada… después de 7 años viviendo aquí vienen el primer día de colegio y no me dan ninguna alternativa, ¡me dejan en la calle!», reclamaba Libertad. «Dos niños se quedan en la calle sin alternativa habitacional ni ayudas sociales al tiempo que la vivienda pública de la que les echan se chapa y se queda sin uso», denuncia Manuel San Pastor, abogado de la PAH.
Y es que, ni desde Servicios Sociales ni desde la Comunidad de Madrid se le ha ofrecido ninguna alternativa habitacional. «Nadie ha venido a verme», denunciaba Libertad quien reconoce la oferta del Ayuntamiento de Leganés: un pago único de 2.100€ para alquiler. «Con eso no llego ni a un mes, se me va en la fianza…», señalaba Libertad, y es que actualmente los alquileres (con una media de 800€) piden 3 meses de fianza.
Ahora, la familia ha tenido que irse provisionalmente a la casa del padre de Libertad, donde la madre y sus dos hijos compartirán habitación. Una situación que espera que sea provisional hasta que Servicios Sociales, que cuenta con su expediente de vulnerabilidad, les pueda facilitar un alquiler social, algo que parece muy lejano.
