En su intervención, Neria ha destacado que, cada dos meses se reúne con la Dirección de Área Territorial (DAT) de Educación de la Comunidad de Madrid. Este órgano es el que decide la ordenación de las plazas y centros de cada barrio y municipio. En estas reuniones, la creación de este instituto «fue uno de los primeros temas que se trató». Sin embargo, está habiendo problemas.
Para la creación de un nuevo instituto, la DAT asegura que necesita una parcela de 18.000 metros cuadrados en la que poder instalarlo. Requisitos que se convierten en un problema en esta situación. «La parcela con mayores dimensiones que disponemos en esa zona solo tiene 13.000 metros cuadrados», señala Neria. Esto hace imposible que la DAT instale allí un instituto.
Ante esta situación, la concejala ha asegurado que «se están barajando otras opciones» para poder hacer frente a la demanda de educación secundaria pública en la zona. Una opción que no gusta al AMPA del CEIP Gabriela Morreale: «Ellos entienden que en el momento en el que se tome la decisión de tocar otras infraestructuras, no se hará el centro».
Las obras de ampliación del IES Rafael Frühbeck de Burgos, paralizadas
Por otro lado, Neria ha aprovechado para hablar de las obras del IES Rafael Frühbeck de Burgos. Una ampliación que se ha retrasado aunque se hubiera anunciado que estarían listas para el próximo curso. «Las obras van a arrancar en breve. No han arrancado ya porque hay un requerimiento arqueológico que nos impiden arrancar las obras. Como es una zona arqueológica habrá que esperar por lo menos un mes para poder arrancar las obras», ha explicado.
Un matrimonio y sus cuatro hijos en edad escolar se han visto en la calle esta mañana en Leganés. Desde primera hora de la mañana, un dispositivo de Policía Nacional y Policía Local se colocaba en el portal de la calle Celinda alertando a todos los vecinos. Y es que la familia de Fasiha tenía orden de desalojar la casa este jueves.
Alquilados en esta vivienda desde hace más de 20 años, la familia ha sido desalojada tras retrasarse en los pagos debido a una situación crítica. Y es que la pandemia hizo estragos en el trabajo de los progenitores y, desde entonces, solo reciben subsidios con los que no pueden hacer frente al pago del alquiler.
La situación ha removido conciencias y ha hecho que más de una veintena de personas acudan a intentar paralizar el desahucio. Al menos, a retrasarlo hasta junio para que los menores puedan terminar el curso escolar sin sobresaltos. Pero el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Leganés no ha querido pararlo ni retrasarlo.
Reclaman ayuda a Servicios Sociales de Leganés
Viéndose en la calle y sin familia que puedan ayudarles, Fasiha y su marido no han dudado en acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés. «Queremos una solución, ¿adónde vamos ahora?», se preguntan. Por esto, la familia no ha dudado en presentarse ante la sede de Servicios Sociales, arropados por los miembros de la PAH. A la hora de hacer esta información, continúan negociando en el interior.
Sin embargo, desde el primer momento, Servicios Sociales no ha dado alternativas. Tal y como ha podido saber Leganés Activo, «no se ha podido ofrecer alternativa habitacional porque en estos momentos no hay vivienda disponible en Leganés para casos de este tipo». Estas viviendas se ofrecerían con el pago de un alquiler acomodado a los ingresos de la familia.
No obstante, como se solicita con carácter subsidiario, líbrese oficio a EMSULE ya la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, acompañando el informe de vulnerabilidad aportado.
providencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Leganés
En este sentido, desde la PAH Leganés reclaman que EMSULE, tal y como solicitaba el propio Juzgado, ofrezca un parque de viviendas para estos casos. Algo que a día de hoy, a pesar del carácter social de la empresa, no se está haciendo. Por otro lado, también se reclama que el Ayuntamiento de Leganés comience trámites con la SAREB para obtener acceso a las viviendas que el conocido como ‘banco malo’ tiene para estos casos.
El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, el primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, y la concejala de Participación Ciudadana, Virginia Benito, han procedido hoy a la entrega de sendos espacios a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (FLAV) y a la Asociación de Vecinos Barrio Centro. El local está situado en la Avenida de los Derechos Humanos, en el barrio de Los Tilos.
Hasta ahora, la Asociación de Vecinos Barrio Centro disponía de un espacio municipal con restricciones de horarios y del que no podían hacer uso los fines de semana, coartando sus posibilidades a la hora de organizar actividades. Mientras que la FLAV no tenía un local propio, sino que dependía de la utilización de espacios cedidos por otras asociaciones.
Medidas a favor del tejido asociativo
Esta nueva cesión municipal para el tejido asociativo de la ciudad se une a la que este equipo de Gobierno realizó en el mes de julio a la Asociación de Vecinos de Leganés Norte en un local de la Biblioteca Central, respondiendo a una reivindicación que también venía produciéndose desde hacía muchos años.
La concejala de Participación Ciudadana, Virginia Benito, ha destacado que “la apuesta desde el minuto uno de este Gobierno y de la Concejalía de Participación Ciudadana de poner al vecino en el centro de las políticas se demuestra con hechos. Prueba de ello es la nueva cesión que hemos realizado hoy, esta vez a la Asociación de Vecinos Barrio Centro, de un local municipal, atendiendo una reivindicación histórica; y también el facilitar otro espacio a la FLAV para que puedan trabajar y desarrollar su labor vecinal, municipal y de barrio de forma más amplia”.
“El objetivo prioritario del Gobierno municipal es fomentar la participación vecinal y que haya una comunicación fluida con las asociaciones. Estamos retomando con las asociaciones un diálogo que se había perdido en los dos últimos mandatos y ése no era el camino”, ha apostillado la edil.
Correos ha respondido a las críticas vertidas por Más Madrid Leganés. El partido llevará al Pleno de este jueves una moción para reclamar un mejor funcionamiento del servicio postal estatal. Tal y como explican, la falta de personal genera problemas haciendo que, incluso, algunos envíos no lleguen a tiempo. Críticas que han sido respondidas por Correos a este medio a través de un comunicado oficial.
«Correos garantiza la prestación del Servicio Postal Universal», sentencia el escrito. En él señala que, «toma las medidas necesarias para organizar el trabajo en función de las necesidades diarias en sus unidades», asignando «eficientemente» sus recursos en función de las necesidades «fluctuantes», tal y como está obligada «como compañía pública».
De esta forma, señalan que en Leganés «los volúmenes de envíos de reparto están dentro de la normalidad». Además, al contrario que lo que critican desde Más Madrid Leganés, sostienen que «los plazos de calidad comprometidos con los clientes se cumplen en todo momento y están garantizados, cumpliendo los compromisos de entrega de los envíos en los plazos contratados con los clientes para cada tipo de producto y respetando las condiciones laborales del personal».
Una plantilla «suficiente»
Pero la clave de la crítica del partido se encuentra en la falta de personal. Una demanda que, delegadas sindicales de CGT llevan denunciando desde hace años. Por eso, Correos recuerda en su comunicado que, la reciente cobertura de 7.757 plazas fijas –para cubrir las jubilaciones de 2020 y 2021, y los procesos de estabilización de 2018 y 2021-, fue la mayor Oferta Pública de Empleo de la empresa «en décadas». De esta oferta pública, en la Comunidad de Madrid se han cubierto 784 puestos fijos.
Además, en Correos se crea empleo estable y se reduce la temporalidad, lo que se traduce en una mayor calidad del servicio postal y de paquetería.
Y es que en 2018 se firmó con los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre) un acuerdo plurianual de empleo. Tras ello, se han incorporado más de 15.487 empleados fijos a su plantilla. Pero para CGT, sigue siendo insuficiente, por lo que Más Madrid llevará a Pleno esta denuncia.
Las profesoras de varias escuelas infantiles de Leganés han vuelto a la huelga. Las trabajadoras de las tres escuelas gestionadas por la empresa KidsCo -Rosa Caramelo, Koala y Las Flores- continúan con retrasos en el pago de sus nóminas. Una situación que lleva manteniéndose desde el verano pasado y que está haciendo estragos en su economía.
Por tanto, después de haberse movilizado el pasado mes de octubre con manifestaciones frente a los centros e incluso ante el Ayuntamiento de Leganés en diciembre, Comisiones Obreras (CCOO) ha retomado las protestas. En estos días ha convocado una huelga parcial en las mañanas del 6 al 8 de febrero.
Y es que, después de meses de protestas y de haber cobrado a tiempo la nómina de diciembre, la de enero se ha retrasado nuevamente. Un problema que las trabajadoras, lamentablemente, ya esperaban: «Nos dijeron que habría retrasos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y febrero. Enero no porque a los seis meses ya podríamos actuar legalmente contra ellos», explica una de las trabajadoras.
«Estamos cansadas, enfadadas… Vemos que no se nos trata como se nos tiene que tratar y es un pisotón más a nuestros derechos laborales, que no se nos tienen en cuenta»
Trabajadora de la EI Rosa Caramelo afectada por los retrasos
Sólo afectadas las escuelas del sur de Madrid
La compañía KidsCo tiene adjudicaciones por toda la región, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Defensa o de Ayuntamientos. Y aunque la situación afectó en un principio a todas las escuelas gestionadas por ellos, pronto avisaron a las del Ministerio de Defensa que cobrarían el 100% de las nóminas, y un mes después también a las de la Comunidad de Madrid. «Pero a nosotras nos mandaron otro comunicado diciendo que no íbamos a cobrar y harían lo posible», explican.
Esto está generando problemas graves en la economía de las trabajadoras que apenas tienen dinero para imprevistos mes a mes. «Teniendo cuenta que nuestros salarios son bastante bajos, con apenas mil euros de salario base, nos afecta mucho«, nos explican. «Tengo la gran suerte de tener padres que puedo tirar de ellos y pueden prestarme dinero, pero hay muchas compañeras que no tienen esa suerte», añaden.
Concentración de trabajadoras de Kidsco frente al Ayuntamiento de Leganés. Foto: Lito Lizana
«La gente tiene hijos, hipotecas, luz, agua, gas… una serie de gastos que no puedes retrasar y que esto afecta mucho», apuntan. Problemas que también minan «a nivel psicológico» ante la tensión de no saber si tendrán o no liquidez para el siguiente pago domiciliado o si podrán hacer la compra este mes si necesitar ayuda, ya que el colchón de ahorros que algunas podían tener, se ha esfumado en estos meses.
Con esta situación, las trabajadoras han reclamado al Ayuntamiento de Leganés que presione a la empresa para que pague a sus trabajadores. «KidsCo no paga por falta de presión del Ayuntamiento de Leganés, no por falta de solvencia«, han llegado a afirmar.
Por su parte, desde el Ayuntamiento se asegura que sí se ha presionado a la empresa «hasta donde se ha podido», ejerciendo de mediador. Mercedes Neria, concejala de Educación, ha asegurado que «el Ayuntamiento está al corriente de pagos» con la empresa y esto es «lo único» que se puede hacer desde la institución. De hecho, las facturas a esta empresa tienen prioridad en el departamento.
Por otro lado, Neria sentenció que «no se pueden disolver» los contratos por lo que había que esperara a que terminaran. Así, este mes de junio terminará el contrato de Kidsco para gestionar la EI Koala, que ya tiene nueva empresa; mientras que el curso que viene terminarán los de las escuelas Rosa Caramelo y Las Flores.
En lucha por el convenio colectivo
Toda esta situación ha llegado en medio de una negociación por el convenio colectivo del sector de la educación infantil, lo cual ha afectado también a las empleadas de KidsCo. Y es que, las trabajadoras tienen claro que, de tener un convenio «fuerte», no estarían en una situación tan precaria. «Esto al final es una consecuencia de tener un convenio con unas condiciones laborales malas», señalan.
Este convenio produce que el personal no sea el adecuado para dar las clases sino que existe una escasez de trabajadores y no se cubren las bajas como se deben. Problemas que los sindicatos quieren abordar y erradicar en el próximo convenio que, a día de hoy aún no se ha conseguido formalizar.
