Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación irregular. Sus integrantes contaban con tareas definidas como captadores a través de internet, conductores que las trasladaban a otros lugares para ejercer la prostitución o controladores de las víctimas. Estas vivían hacinadas en un sótano, eran obligadas a trabajar las 24 horas del día de manera ininterrumpida todos los días de la semana y a consumir sustancias estupefacientes durante los servicios sexuales. En el chalet de Leganés y en el piso de Móstoles donde se desarrollaba esta actividad igualmente se vendía cocaína y medicamentos empleados como potenciadores sexuales. Se ha llevado a cabo la liberación de seis víctimas, la detención de los diez miembros de la organización y el registro de estos inmuebles.

La investigación se inició en el mes de marzo cuando, gracias a un testimonio recibido en la dirección de correo trata@policia.es, se localizó a una mujer que encontrándose en situación irregular en nuestro país era obligada a ejercer la prostitución en un chalet de Leganés junto a otras once mujeres que se publicitaban con anuncios en páginas especializadas en prostitución. La labor de encargadas del lugar la llevaban a cabo dos mujeres de la organización que recibían los pagos por los servicios sexuales por adelantado y que traficaban con sustancias estupefacientes.

Las cámaras vigilaban el exterior y el interior del chalet

Este inmueble contaba con un sistema de videovigilancia que controlaba los accesos y los movimientos de las mujeres explotadas en el interior. Los agentes constataron que los clientes antes de llegar hacían una llamada de teléfono para ser monitorizados por las cámaras de seguridad y posteriormente una mujer abría la puerta y salía a su encuentro.

“Sistema de multas” para mayor control de las víctimas

Las mujeres no tenían llaves del domicilio, solo podían abandonarlo acompañadas cuando las trasladaban a realizar un servicio a otro lugar. Convivían en una situación infrahumana, hacinadas en habitaciones del sótano sin ninguna ventilación. Existía un “sistema de multas” para coaccionar a aquellas que no hacían lo que se les pedía.

Los agentes también localizaron otro inmueble en Móstoles donde trabajaban seis mujeres y era regentado por una pareja que contaba con otra mujer que hacía las funciones de encargada.

El pasado 13 de junio se produjo la detención de 22 personas, diez pertenecientes a la cúpula de la organización, como presuntas autoras de los delitos de prostitución, contra la salud pública, abusos sexuales y la ley de extranjería. Se incautaron varios cuadernos con anotaciones donde se agendaban tanto los servicios como los pagos y el dinero en metálico recepcionado. Encontraron también un documento donde se aleccionaba a las víctimas en caso de ser localizadas por la policía y diversas sustancias estupefacientes como hachís o cocaína.