La pandemia ha dado un vuelco a la vida de muchas familias aunque Marita nunca se imaginó ser una de ellas. Esta joven de 30 años convivía con sus tres hijos y su pareja, padre del menor de ellos, hasta que tras el confinamiento la relación se rompió, lo que hizo que ella y los menores salieran del piso que compartían para buscar una nueva casa.

«Yo buscaba alquiler, puse un anuncio en Facebook y una persona me contactó por privado para ofrecerme una casa. Me enseñó este piso que me dijo que era de una mujer mayo y él era el intermediario, como nos gustó le di los 3 meses de fianza que me pidió y me dijo que volvería a mes a mes para cobrar», explica Marita a Leganés Activo. Pero el hombre no volvió. En su lugar apareció una trabajadora de la SAREB asegurando que el piso era del banco: había sido estafada.

En ese momento comenzó una negociación. La SAREB estudió su caso: madre soltera con tres menores en edad escolar y un trabajo cuidando a personas mayores que la garantiza un ingreso fijo cada mes aunque insuficiente para acceder a un alquiler comercial. «Ahora que los niños han empezado el cole me he apuntado a una Empresa de Trabajo Temporal y estoy por las tardes en una fábrica. Incluso así no me alcanza para pagar un alquiler porque el más barato no baja de 700€».

Afortunadamente el banco aceptó otorgarla un alquiler social, estudiando su caso, pero la pasada semana todo se torció: recibió una orden de desahucio. «Me entró mucho miedo. Mi abogado registró un escrito por vulnerabilidad y la SAREB dijo que habían pedido que se parara, pero la jueza no quiso pararlo». Tanto fue así que el lunes hasta tres furgones de Policía Nacional se presentaron en su puerta: «fueron muchas emociones, mis hijos estaban nerviosos porque no quieren irse, tienen el colegio al lado y la jueza no quería pararlo». Finalmente, minutos antes de la hora a la que se llevaría a cabo el desahucio, los agentes se fueron: se paralizaba.

Sin ayudas por parte del Ayuntamiento de Leganés

Desde aquel momento, Marita no respira tranquila. A pesar de las promesas del banco, ha buscado una solución por otras vías. «Aún estoy a tiempo de pedir ayudas para jóvenes y fui al Ayuntamiento pero te piden ingresar un mínimo de 1.500€ para poder acceder a una vivienda, y ni con los dos trabajos llego». Y es que, en lugar de ofrecer alquileres bajos, la oficina de alquiler joven del Ayuntamiento de Leganés solo busca que el alquiler suponga un máximo de un 40% de los ingresos del inquilino, siendo estos de un mínimo de 600€ al mes.

Por otro lado, Marita también acudió a Servicios Sociales donde la negaron un piso: «me dijeron que ellos no tienen ningún piso para poder ofrecer a gente como en mi caso». Una situación que la hizo sentir totalmente desamparada ante el mercado del alquiler.

Ahora, esta familia reza para que la SAREB les conceda finalmente el alquiler social que necesitan, puesto que es su única salida ya que no tienen familia en España con la que poder refugiarse: «mi madre trabaja de interna, ni siquiera tiene una casa, vive donde trabaja y en su día libre viene con nosotros».

Desde la PAH se muestran optimistas ante esta negociación aunque, como la afectada, estarán atentos por si el aviso de desahucio se vuelve a activar antes de haber cerrado los papeles del alquiler social.