Fue en 2019 cuando, en plena noche, agentes de la Policía Local y Policía Nacional avistaron a un hombre con un cuchillo de 24 cm y un machete de 52 cm. Cada uno en una mano. Se encontraba en el barrio de Solagua, apoyado en un coche. El machete estaba guardado en una funda pero, en cuanto el hombre vio a los agentes, lo sacó. Y allí comenzó todo.
Han pasado cuatro años y ahora se ha dictado sentencia firme contra el hombre. Y en Leganés Activo hemos tenido acceso a ella. Según el relato de la sentencia, nada más ver a los agentes, el hombre «se puso en pie sacando de la funda un machete de 57 cm de largo con hoja de 45 cm, y portando cada arma en cada mano, golpeando con dichas armas al vehículo patrulla de la Policía Local«.
Aquí comenzó una persecución en la que los agentes dispararon sus armas al aire en varias ocasiones. Pero lejos de parar y soltar las armas blancas, el hombre llegó hasta una finca y se subió al tejado. Los agentes le siguieron. Para huir de ellos, saltó a una balsa de regadío y soltando las armas. Momento que aprovecharon los agentes para reducirle y sacarle de ahí, recibiendo golpes y patadas del sujeto.
Atentado a la autoridad y lesiones leves
En el momento de los hechos, el hombre sufría «un trastorno esquizotípico, con cuadro psicótico y alteración de conducta, que afectaba pero no anulaba sus capacidades cognitivas y volitivas». Una situación que le ha servido de «eximiente incompleta» en el delito de atentado a agentes de la autoridad por el que ha sido condenado.
Así, se le ha impuesto una pena de cinco meses de prisión y un internamiento psiquiátrico de 12 meses «que se abonará para el de la pena». Una pena que ha sido recurrida por el condenado pero que la Audiencia Provincial de Madrid ha dado por buena, reiterando la condena.
Además, el juez le ha añadido dos delitos leves de lesiones por lo que ha sido condenado a una multa de 87 € que pagará en 29 días, «con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago». Además, en concepto de responsabilidad civil, ha sido condenado a indemnizar con 300 € a cada uno de los agentes que agredió.
