El cierre de la vía judicial y el bloqueo a la investigación política, ha hecho que los familiares creen la Comisión ciudadana de la verdad, una comisión de investigación presidida por el Fiscal José Antonio Martín Pallín y compuesta por miembros reputados de varias áreas, que buscan conocer cómo fue la gestión de la Comunidad de Madrid durante las duras semanas de la primera oleada de la pandemia de COVID. A ella han acudido este sábado autoridades políticas, médicas y periodistas.
El ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha sido uno de los primeros en tomar la palabra este sábado. En su declaración se han visto muchas de las lagunas de la gestión de la Comunidad de Madrid denunciadas por el propio Reyero en un libro. «Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos. Se tomaron medidas edadistas, pero la propia sociedad ha reaccionado igual, sin darle la importancia que tiene», ha sentenciado.
«Se produjeron más derivaciones en el mes de febrero que en marzo. El parón se produjo sobre el 10 de marzo», ha añadido Reyero, algo que el médico investigador, Francisco Pozo, ha apoyado con sus datos: «La caída de la transferencias de residentes a hospitales tiene un relación clara con el aumento de la mortalidad en residencias». Además, Pozo recalcaba que «las restricciones a los ingresos hospitalarios en Madrid cometen una importante transgresión clínica puesto que juzgan la posibilidad de ingreso en función de agrupamientos, y es clínicamente incorrecto».
Sin personal médico sanitario suficiente
Y es que las residencias eran una «bomba de relojería», tal y como apuntaba Reyero, ya que ya presentaban problemas desde los recortes de personal de 2008 y la entrada de fondos de inversión a su gestión, denunciado en Leganés en varias ocasiones. «Las residencias sufrieron un 40% de bajas de personal, eso añadido a una situación convulsionada era una bomba de relojería», ha explicado.
Ante esta situación el Ayuntamiento de Leganés denunció para que se reforzara la atención médica en estos centros, lo que se llamó «medicalizar». Así, el ex alcalde Santiago Llorente (PSOE) también ha comparecido explicando que «nunca se medicalizaron las residencias», algo que ha subrayado Reyero a pesar de que, como ha puntuado el doctor, el concepto de medicalización «tiene grados» de mínimo, que es contar con centros y recursos sanitarios cercanos, a máxima.
No obstante, se ha dejado claro que, aunque «el hospital nunca le cerró las puertas a nadie», ha remarcado Llorente, «sí que estaban cerradas para ambulancias que tuviera origen una residencia». El ex primer edil ha relatado cómo fue testigo de que a un residente se le negó la entrada a varios hospitales públicos mientras que su compañero, con seguro privado, fue ingresado en un hospital privado. «Se podía trasladar a una persona, pero a su compañero de mus en las mismas condiciones por ir en silla de rueda no», ha argumentado Reyero.
Centros de atención primaria con personal
En este sentido, el ex primer edil ha señalado que había profesionales médicos en los centros de salud pero no atendían al público ya que «estaban atendiendo telefónicamente a todos los pacientes», señalaba el ex primer edil. «Hablamos de una red asistencial potente en la que creo que había recursos para reforzar un médico de apoyo o como de referencia, y no se produjo».
Y es que, según ha denunciado nuevamente el ex primer edil, «nunca se envía a nadie, médicos, celadores, enfermeros… nunca se envía a nadie de forma estable a una residencia en Leganés». De hecho, Llorente recordaba que la UME llegó a intervenir algunas residencias «mandatada por Delegación de Gobierno» y no por la Comunidad de Madrid.
«Volverá a ocurrir«
Los tres comparecientes han coincidido en que analizar e investigar qué fue lo que ocurrió y en qué se falló es clave ya que, según ha apuntado Pozo, «la probabilidad de que esto ocurra, más pronto que tarde, es altísima».
En este sentido, el Fiscal José Antonio Martín Pallín señaló la «gravedad y trascendencia» de no formalizar este recurso, el fiscal señalaba que este recurso «tiene un eminente interés» puesto que el Supremo se pronunciaría sobre si «en una situación de pandemia declarada, las instrucciones y órdenes que impliquen la restricción de atención hospitalaria a los residente geriátricos y centros sociosanitarios determinan si es correcta». Así, ha reiterado la responsabilidad del Ayuntamiento actual.
