La empresa pública del suelo, EMSULE, ha presentado una segunda querella contra el candidato del PP y diputado regional, Miguel Ángel Recuenco, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de malversación. “No podíamos hacer otra cosa después de que alguien nos alerte por escrito de estos presuntos delitos”, ha asegurado el alcalde, Santiago Llorente (PSOE).
“Después de un proceso de varios meses en los que se ha venido solicitando información por los partidos políticos se han realizado informes que alertan de posibles irregularidades”, ha proseguido el alcalde, quien confirmaba que estas acciones se han tomado “en defensa de los intereses de los vecinos de Leganés”.
Al igual que la primera querella, esta ha sido interpuesta en base a un informe de un despacho de abogados contratado por el propio EMSULE, que señala que pudo haber malversación por parte de Recuenco con la contratación de una obra en la parcela PP5. “No estamos denunciando el contrato sino cómo se llega a un acuerdo con la constructora sobre cómo se paga la última certificación”, argumenta Llorente.
Y es que, según el informe, las obras se retrasaron por causas “solo imputables” a la empresa pública, generando un perjuicio económico a la empresa que reclamó llegando a un acuerdo a través de un laudo arbitral, un mecanismo «extraño pero legal», según el primer edil. No obstante, en este laudo se considera que no se defendieron los intereses de la empresa pública de Leganés.
“Lo que es evidente es que no se han defendido los intereses de la empresa, incluso los trabajadores de la empresa defendían a la empresa de enfrente”, ha subrayado el alcalde, “una cosa curiosa, sospechosa”. “Las empresas que no aceptaron el laudo y se fueron a los juzgados pagaron sustancialmente menos”, apunta.
“Esto permitiría supuestamente subsumir los hechos en el delito de malversación de fondos por administración desleal, cuando menos, por omisión, previsto y penado en el artículo 432 en relación con 252 del Código Penal, en su tipo agravado, al superar con creces el importe del daño los 250.000 euros (…) podrían ser -caso de mediar dolo,-, encuadrados en los tipos penales de prevaricación, cohecho y/o, el ya aludido, de malversación de fondos”.
Informe jurídico sobre el que se basa la querella
Según las informaciones municipales, se citará como testigos a la empresa, a los técnicos que participaron en el laudo de reclamación de esta cantidad económica, y a Carlos Delgado, portavoz de ULEG.
